Migración internacional y protección social en tiempos de Covid-19

Donna Catalina Cabrera Serrano1

Dentro de las diferentes teorías que explican la migración internacional, la nueva teoría económica de la migración descrita por Massey et. Al plantea que las razones que motivan las migraciones internacionales no se explican sólo por la toma de decisiones individuales, sino que la familia juega un rol fundamental en dicho proceso. Los grupos familiares ven en la migración una posibilidad de diversificar sus ingresos y de asegurar la participación en otros mercados, no solo el laboral, a los que no tienen acceso en el país de origen. Es así que la diversificación de fuentes de ingreso, el acceso a capitales que permiten el ahorro y la previsión ante los riesgos, son factores de análisis a tener en cuenta al acercarse a los proyectos migratorios que responden a dinámicas familiares.   

En este sentido se puede entender la migración internacional como una estrategia de protección social como lo plantean Sabates-Wheeler & Wayte. El acceso a puestos de trabajo y opciones de generación de ingresos en los países de destino permite a los migrantes obtener una mejor remuneración económica, y, a través de las remesas sus familias cuentan con mejores posibilidades, las cuales se pueden entender como mejores ingresos, para acceder a salud, vivienda, educación y otros servicios relacionados con la protección social en los países de origen. De esta manera, la migración como estrategia de protección social cubre en primera medida a la familia del migrante que se encuentra en el país de origen, pero es posible que el migrante permanezca sin acceso a esta protección en el país de destino bien sea por su estatus migratorio o por el tipo de visado que tenga en este lugar. 

Esta situación podría entenderse como una compensación en la participación en los esquemas de protección social: el núcleo familiar de los migrantes, accede a mecanismos de protección, generalmente en los países de origen, mientras que el migrante puede llegar a quedar excluido de cobertura o acceso a los servicios, generalmente en los países de destino. La falta de cobertura y acceso a los servicios de la protección social para la población migrante se exacerba en los casos en que las personas están en condición migratoria irregular, sin que aquellos que se encuentran de manera regular en un país tengan una garantía de acceso en igualdad de condiciones con el trabajador nacional a la protección social. 

Con esta realidad se encuentran algunos de los migrantes que transitan y que residen en los países de la región, particularmente aquellas personas que han salido de Venezuela, buscando encontrar mejores ingresos y mejores esquemas para acceder a mecanismos de protección social; estos últimos definidos por la Organización Internacional del Trabajo – OIT en su Recomendación 202 como estrategias que previenen o alivian la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social . Entre otros actores, los Gobiernos de los países que los reciben y las agencias de cooperación internacional, han desarrollado iniciativas de tipo humanitario que cubren necesidades relacionadas con seguridad alimentaria como lo hace el World Food Program – WFP a nivel regional, vivienda a partir de la construcción y alojamiento en albergues a cargo de ACNUR como lo ha hecho en Colombia y salud en cabeza de la Organización Mundial de la Salud – OMS y la Organización Panamericana para la Salud – OPS

En cuanto a los procesos de integración, se han desarrollado medidas de fomento de la empleabilidad y el emprendimiento, que reconocen la vocación de permanencia que han demostrado tener los migrantes y refugiados y que promueven la formalización y con ello un acceso y permanencia en el sistema de seguridad social en los países de acogida. Sin embargo, el acceso al empleo formal para los migrantes no ha sido un asunto sencillo y según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH en Colombia, la informalidad por falta de seguridad social alcanza el 90% de los ocupados de origen venezolano en el país para el período de julio 2018 a junio de 2019 (Farné & Sanín, 2020. Sin embargo, la población venezolana que trabaja en Colombia sigue enviando remesas a sus familias en Venezuela con un promedio de envío mensual de $ 40 dólares norteamericanos, o un monto anual de $ 445 dólares norteamericanos (Orozco & Klaas, 2020). El envío de medicinas a familiares en Venezuela se mantiene como una práctica entre la población migrante, asociaciones de la sociedad civil o empresas de origen venezolano como Farmatodo, disponen entre sus servicios de compra y envío a Venezuela de medicinas escasas en el país. El envío de remesas y de medicamentos evidencian los aportes en dinero o especie que los migrantes entregan a sus familias y que suplen las necesidades que el sistema de protección social del país de origen no está cubriendo. 

Ante este escenario y luego de que se han decretado las medidas de cuarentena y de distanciamiento social en Colombia, surgen dos preguntas relacionadas con la protección de los trabajadores migrantes y de sus familias: ¿De qué manera se ven afectados los ingresos y la continuidad de los empleos de los venezolanos en Colombia y por ende la posibilidad de envío de remesas a sus familias en Venezuela?, y ¿Cómo se ha integrado a la población venezolana en las medidas de protección social desarrolladas por el Gobierno de Colombia?

A partir de una evaluación rápida de necesidades ante Covid-19 realizada por el Grupo Interagencial de Naciones Unidas de Grupos Migratorios Mixtos – GIFFM en Colombia, se evidencia que las tres necesidades básicas de la población se relacionan con alimentación, apoyo a vivienda y acceso a empleo u oportunidades de generación de ingresos (GIFFM, 2020). La evaluación también da cuenta que antes de las medidas de cuarentena el 91% de los hogares reportaban como fuente de ingresos el trabajo remunerado, y luego del confinamiento solo el 20% de hogares mantenían esta fuente de ingresos. En este escenario, y tras evidenciar que 68.000 venezolanos han retornado desde Colombia a Venezuela hasta finales de mayo, se entiende que en tiempos de Covid-19, la migración de venezolanos a otros países no puede mantenerse como un mecanismo de protección social extensivo a sus familias en el país de origen, ya que los ingresos del trabajador migrante se reducen o desaparecen y por ende su capacidad de contribución con la protección social de sus familias en origen. 

Los migrantes, ante la incertidumbre por las medidas de cuarentena y ante la imposibilidad de desempeñar las actividades económicas en las que participaban, bien sea por la terminación de contratos o por la imposibilidad de ejercer actividades de la economía formal o informal, no pueden generar los ingresos para garantizar su sostenimiento ni el de sus familias. En este sentido la sociedad civil migrante en el país y la cooperación internacional, han buscado brindar asistencia de emergencia a través de entrega de productos alimentarios o de transferencias monetarias que les permitan solventar los gastos más urgentes en la actualidad.

Estas medidas suplen algunas de las necesidades de la población, pero pueden ser categorizadas más como asistencia social, entendida como un beneficio social de emergencia en este caso, que como una estrategia sostenible de protección social, y así como las medidas que se han diseñado en el país en medio de la declarada emergencia, se hace necesario contar con una evaluación que indique la eficiencia en el proceso de focalización y las propuestas para cubrir a las poblaciones que no han sido identificadas pero que requieren acceder a este tipo de apoyos. Es pertinente también entender de qué manera se complementan los esfuerzos que los diferentes actores están haciendo para garantizar el acceso a los mínimos básicos para la población migrante, así como analizar la re-conceptualización o la complementación de la protección social a partir de la intervención de la cooperación internacional y la existencia y mantenimiento de mecanismos comunitarios de protección social canalizados por la intervención de la sociedad civil. 

Otro de los aspectos que merece un seguimiento y análisis, es el relacionado con la inclusión de la población migrante como beneficiaria del Ingreso Solidario, medida de apoyo a hogares en condición de vulnerabilidad o pobreza que no están cobijados por otros programas sociales y que se configuró en tiempos Covid-19. Este tipo de medida, que es catalogada como protección social por parte del Gobierno de Colombia, provee a los hogares beneficiados un aporte económico de hasta $ 480.000 pesos colombianos (un equivalente a $130 dólares estadounidenses) en un período de tres meses. Un dato de interés es que en el proceso de focalización, se beneficiaron 40.000 hogares, cuyos miembros tenían como documento de identidad el Permiso Especial de Permanencia – PEP y en el proceso de entrega del dinero se avanzó en un proceso de bancarización para los receptores, medida que previamente presentaba dificultades para la población migrante en el país. 

El seguimiento de la inclusión de los hogares migrantes en la protección social y otros programas sociales en Colombia merece la dedicación de análisis más detallados para comprender si los procesos de focalización cubren a toda la población en necesidad, si el monto permite la subsistencia de la familia, y si dichos mecanismos son sostenibles en el tiempo, mientras se  desarrollan propuestas que faciliten su ingreso y permanencia en los Sistemas de Seguridad y de Protección Social. Las medidas de emergencia que se han tomado ante la coyuntura actual son útiles en el corto plazo y para acciones orientadas a la supervivencia. Pero, en un escenario a mediano plazo y con una alta pérdida de empleos y sin las mismas posibilidades de ejercer en la economía informal, resta analizar de qué manera pueden ser incluidas las personas migrantes en los esquemas de protección social y de trabajo decente como vehículo a la formalización. Un análisis de las medidas tomadas por el Gobierno y por la cooperación internacional durante la época Covid-19 a la luz de la Recomendación 202 de la OIT sobre los pisos de protección social, pueden proveer un punto de partida para garantizar una protección adecuada a partir de las realidades de los migrantes y sus familias en el territorio colombiano.


 1 La autora es la única responsable del contenido del documento, el cual puede no coincidir con la opinión de la OIT

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