El retorno forzado de venezolanos durante la pandemia

Stéphanie López Villamil

Biao Xiang, profesor del Centro de Migración, Política y Sociedad de la Universidad de Oxford, ha adoptado el concepto de shock mobility para referirse a movimientos migratorios reactivos causados por el pánico ante una crisis que fuerza a la población a migrar huyendo de una amenaza (Richmond, 1988 citado por Xiang, 2020); esto, aludiendo a las (in) movilidades provocadas por la Covid-19 alrededor del mundo. 

El cierre de la frontera colombo-venezolana desde el 14 de marzo de 2020 como medida para evitar la propagación de la pandemia sumado al aislamiento obligatorio decretado unos días después a nivel nacional en los dos países generó un retorno de más de 27.000 personas desde Colombia hacia Venezuela durante el primer fin de semana del cierre. A mediados de julio, el número de retornados ascendía a 90.000 personas. Si bien es una cifra alta, esta representa tan solo 5% de la población venezolana en Colombia que alcanza 1.788.380 según datos de Migración Colombia al 30 de abril de 2020. 

Ante esto, ¿cuáles han sido las respuestas desde el gobierno y desde las organizaciones internacionales? ¿Cuál es la realidad a la que se enfrenta esta población en Venezuela una vez retorna? ¿Cómo puede Colombia afrontar la situación? Estas son algunas de las preguntas que se abordan con el objetivo de comprender los diversos factores que están afectando la movilidad de la población venezolana en Colombia y su retorno. 

La situación actual y la respuesta gubernamental 

Ante el aumento del flujo migratorio de retorno hacia Venezuela, el gobierno colombiano, a través de Migración Colombia, estableció un protocolo para los retornados que, además, estaban llegando de otros países del Sur de América como Perú y Ecuador, entrando por la frontera Sur con Ecuador. A través de buses autorizados por el gobierno nacional para tal fin y por un corredor humanitario establecido desde Ipiales hasta Cúcuta, los migrantes forzados a retornar pueden hacerlo. 

Sin embargo, ante la falta de ingresos monetarios, muchos de estos migrantes no logran pagar el pasaje del bus por lo que muchos emprenden el camino a pie, exponiéndose al virus y a las condiciones inclementes de las vías. Otros pagan a transportistas ilegales e incluso se han visto migrantes amarrados a los camiones de transporte de mercancías. Algunos están siendo ayudados por el sector privado y los entes territoriales, como fue el caso en Cali; los propios migrantes que cuentan con los recursos suficientes también logran financiarse el tiquete de autobús para el recorrido. 

Una vez llegan a la frontera, la espera es interminable para quienes desean regresar, el paso a Venezuela puede tardar días. Esto se agravó a partir del 8 de junio, fecha en el que el gobierno venezolano anunció nuevas restricciones para la entrada al país de sus ciudadanos, limitando el paso a tres días por semana, condicionando aún más el derecho al retorno. Si bien desde antes de la pandemia el flujo de migrantes por los pasos no autorizados ya era elevado, este aumentó el riesgo de la población expuesta a pagos a grupos armados y otro tipo de violencias que ya han sido ampliamente documentadas

Además, se ha generado un represamiento de migrantes en varias ciudades de Colombia, entre ellas Cali, Bucaramanga y Bogotá. En esta última, se formó un campamento improvisado de más de quinientas personas queriendo retornar, sin posibilidad de hacerlo por falta de dinero además de las restricciones impuestas a la movilidad en el territorio colombiano. La población migrante y refugiada en situación de calle sigue en aumento debido a los desalojos; se han asentado en espacios públicos como parques y separadores de avenidas. 

El mes pasado, el gobierno colombiano, con el apoyo de varias organizaciones abrió el Centro de Atención Sanitario Tienditas, con cupo para 300 personas, con el fin de esperar el turno para ingresar a su país. Algunas de estas organizaciones internacionales han tomado medidas especiales en el marco de la pandemia para atender a la población migrante en la frontera. Entre ellas la ACNUR que ha entregado kits de higiene a las personas que se encuentran esperando; sin embargo, esto resulta insuficiente para la cantidad de personas que llegan diariamente a las fronteras. 

Realidades del retorno a Venezuela

Varios son los motivos de estos retornados que se ven forzados a volver a Venezuela, un país que no cuenta con servicios de salud adecuados para atender a sus ciudadanos en el marco del brote del Covid-19. El principal de ellos es la falta de un ingreso para sostenerse a sí mismos y a sus familias, en los países de destino lo que los ha conducido a no poder pagar los alquileres ni los servicios públicos. En este sentido, los desalojos han sido la constante y cada día hay más migrantes en situación de calle. Antes de la pandemia, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, más del 90% de la población migrante trabajaba en el sector informal y su tasa de ocupación era menor comparada a la de los colombianos. A ello se suma que más del 57% de la población se encuentra en situación irregular.  

Hay que resaltar, además, que una gran parte de esta población que quiere retornar está compuesta por  personas con necesidad de protección internacional que salieron huyendo del país y ahora vuelven a un contexto aún más degradado. En efecto, varias organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el mal trato que se le ha dado a la población que ha decidido retornar en Venezuela. Entre las acusaciones, resalta el hecho de que se les acuse de ser opositores al gobierno pues puede haber persecución política. De manera reciente, el presidente de Venezuela se refirió a los retornados como “trocheros”, calificación que ha sido rechazada por el sector humanitario y la población en general pues conlleva la criminalización de los migrantes. 

En aplicación de los protocolos establecidos por el gobierno venezolano, los ciudadanos son puestos en cuarentena en colegios y hoteles en los que conviven en hacinamiento y condiciones paupérrimas de higiene y de alimentación según han denunciado los propios retornados. Human Rights Watch ha enfatizado en las necesidades de la población venezolana en el marco de la pandemia, resaltando que esta no va a detener el éxodo desde Venezuela.  Mientras tanto, la OIT se centra en varios puntos en cuanto a los migrantes trabajadores que han debido retornar en el contexto del Covid-19. Esta organización considera, entre otros, el tema de la caída de las remesas, fuente de subsistencia de muchas familias migrantes y la reintegración. 

Una visión a futuro

La garantía del derecho al retorno es fundamental. En este sentido, la Open Society Foundation ha insistido en que Colombia y Venezuela deben trabajar conjuntamente en reabrir algunos puntos autorizados en la frontera para que la población migrante pueda ejercer su derecho al retorno en condiciones seguras y de manera expedita. 

Si bien la población venezolana ha decidido regresar a su país pues, entre otros motivos, allí no tienen que pagar el alquiler, se prevé que esta migración de retorno sea temporal. En el caso de Venezuela, más que en reintegración hay que pensar en re-emigración: el gobierno colombiano estima que el 80% de los retornados regresará a Colombia una vez superada la crisis sanitaria y que lo hará al menos con una persona más. 

En efecto, la sostenibilidad del retorno depende de varios factores; uno de ellos es la reinserción en el mercado laboral, pero este no es el único. Van Houte se ha referido a una reintegración multidimensional: económica, psicosocial y social. Por ejemplo, con respecto a la primera, la población en edad de trabajar encontrará serias dificultades para su supervivencia en Venezuela debido a la hiperinflación. Teniendo en cuenta el contexto socio-económico y político venezolano el escenario más realista es el de la re-emigración. 

A partir de estos factores, Colombia debe dirigirse no solamente a mejorar su política de asilo sino también hacia la regularización de estos migrantes y pensar en políticas de integración en el mediano y en el largo plazo. 


Este blog hace parte del proyecto “Impactos de COVID-19 en la población migrante y refugiada de América Latina” del grupo de investigación: Comparative Analysis on International Migration and Displacement in the Americas (CAMINAR). 

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