Tercera entrega: Resultados de una investigación cualitativa sobre remesas e inclusión financiera de población migrante y refugiada en Colombia

La tercera entrega de nuestra investigación sobre inclusión financiera de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, se construye a partir de insumos cualitativos y cuantitativos propios que se recogieron entre septiembre y noviembre de 2020, con el propósito de validar hipótesis planteadas a lo largo de nuestras dos primeras entregas. Por un lado, recogimos cerca de 500 encuestas a través de un  cuestionario web en la página de nuestro centro de pensamiento Diásporas Think Tank, en las que se  indagó sobre remesas e inclusión financiera, especialmente respecto a: bancarización de la población migrante; uso de servicios e instrumentos financieros; factores detrás de la selección; uso de telefonía móvil e internet para este tipo de productos e identificación de barreras, entre otros.

Por otro lado, el día 13 de noviembre de 2020 se realizó un grupo focal  en la ciudad de Bogotá donde participaron 38 personas procedentes de Venezuela, miembros de la Fundación Juntos Se Puede, a quienes se les preguntó sobre barreras y retos a la inclusión financiera de las personas migrantes en Colombia. Finalmente, se tendrá en cuenta la respuesta entregada por la Superintendencia financiera, al derecho de petición contestado en septiembre de 2020 donde se le preguntó sobre el acceso a cuentas bancarias por parte de población venezolana. 

Para Diásporas es fundamental amplificar la voz del colectivo inmigrante en Colombia, es por ello que la encuesta y el grupo focal  pretendió indagar sobre la visión de la población directamente afectada y/o beneficiada por las estrategias de inclusión financiera en Colombia descritas en las entregas anteriores; a continuación los resultados:

  1. Datos socio demográficos básicos 

La encuesta virtual contó con un total de 445 personas participantes -80% mujeres- con un promedio general de 33 años de edad. La mayoría oscila entre el estatus migratorio irregular 45%  y con Permiso Especial de Permanencia-PEP- (40%). 

El que la participación en la encuesta haya sido preponderantemente femenina reviste especial importancia, por un lado, da cuenta del proceso de feminización de la migración venezolana y de esperados procesos de reunificación familiar; por otro, nos habla de los niveles de participación de estas mujeres en la sociedad en redes y estructuras de apoyo a través de las cuales se difundió la convocatoria  y de su interés por incluirse en el sector financiero. 

En concordancia con lo anterior, el Observatorio Proyecto Migración Venezuela con base en DANE – GEIH, evidenció una gran brecha de género entre la población migrante en Colombia, pues, la tasa de desocupación de los hombres migrantes disminuyó 1,3 puntos porcentuales, mientras la de las mujeres aumentó en 4,6 entre diciembre de 2019 y noviembre del 2020, siendo las mujeres las màs afectadas por la falta de empleo. 

De otro lado, cabe destacar que la mayoría de los/as participantes manifestó vivir en la misma vivienda con su pareja (62%) e hijos (88%) bajo las modalidades de arriendo por un mes (83%) y “paga diario” (12%), principalmente. 

Aunque la encuesta estuvo dirigida a la población extranjera y refugiada en Colombia, el 98% de los participantes son procedentes de Venezuela. La gran mayoría están radicados(s) en las ciudades de Cali (63%) y Bogotá (12%), otros cuantos se encuentran viviendo, en menores proporciones, en ciudades como Pasto y Popayán. Lo anterior coincide con la distribución de la población venezolana en Colombia, toda vez que Cundinamarca y Valle del Cauca se encuentran entre los 10 departamentos con mayor presencia de población venezolana, mientras que Cauca y Nariño están entre los 10 con menor proporción de esta población, según datos de Migración Colombia. 

En cuanto a su ocupación actual, la figura 01 muestra como la mayoría de los/as participantes se encuentran sin empleo pero buscando emplearse, le siguen aquellos/as que trabajan por cuenta propia en el sector informal y otros/as que afirman ser “emprendedores/as”. Se encontró que sólo un 6% manifestó tener vinculación formal a una empresa o establecimiento comercial y un porcentaje muy bajo se encuentra solo estudiando. Llama la atención la presencia de personas con algún tipo de discapacidad que expresaron no trabajar debido a su condición. 

Figura 01: Ocupación actual de la población encuestada por Diásporas noviembre 2020. 

Más del 50% de los/las participantes manifestaron que tanto padres como hijos dependen económicamente de sus ingresos. 

En cuanto al nivel educativo, si bien la mayoría presenta secundaria completa (31%), principalmente mujeres, un alto porcentaje cuenta con estudios universitarios (21%) y técnicos o tecnológicos completos (11%), son los hombres quienes presentan el mayor porcentaje de cualificación con universidad completa (Ver tabla 02). 

Tabla 01. Perfil educativo de la población encuestada por Diásporas. Noviembre 2020. 

De otro lado, Diásporas indagó por el acceso a telefonía celular como un indicador sensible y válido para identificar posibles estrategias virtuales con las que la población migrante -especialmente mujeres-  cuenta para acceder a servicios y productos alternativos o complementarios a los financieros, en Colombia (Ver gráficos 02 y 03), encontrando que el 96% de las personas encuestadas no solo afirmó tener un celular propio sino también un plan de datos (54,6%).

Es importante decir que para obtener un plan de datos en Colombia es requisito -sine qua non- contar con un documento de identificación válido, situación que en principio  no corresponde con el alto porcentaje de encuestados en condición administrativa irregular, es decir, sin documento de identificación válido, que posee plan de datos.

Gráfico  02 y 03. Acceso a telefonía celular y plan de datos. Diásporas, Noviembre 2020. 

Para esclarecer esta información, ampliamos la pregunta en el grupo focal identificando cómo una práctica recurrente entre migrantes indocumentados, el “arriendo” de documento de identificación de personas colombianas como alternativa para acceder a diversos servicios públicos y financieros, principalmente de telefonía móvil y de hogar. 

Esta dinámica nos pone en evidencia, por una lado, una más de las dificultades que representa la ausencia de documentación en cabeza de los migrantes, la cual  les impide no solamente acceder a toda clase de bienes y servicios sino que  entorpece su proceso de integración complicando el ejercicio de sus derechos más básicos incluyendo el ejercicio de su capacidad jurídica. Por otro lado, el acceso a la telefonía y a  internet, tiene gran relevancia para la comunidad migrante ya que constituye el mecanismo de contacto para alimentar las redes transnacionales que los atan a su familia en origen, y con la comunidad que los recibe en el país de destino. El impacto de la telefonía móvil y el internet en las poblaciones en movimiento es hoy un campo de estudio importante (sobre los estudios de la migración y el mundo digital ver: Leurs & Smets, 2018; Leurs & Ponzanesi, 2018; Smets, Leurs, Georgiou, Witteborn, & Gajjala, 2020). Facilitar el acceso a estos servicios puede constituir un mecanismo para facilitar el proceso de inclusión financiera de los migrantes, conocer sobre sus hábitos de consumo, su capacidad de pago entre otras cosas. 

Estos ¨Alquileres de identidad¨ presentan grandes inconvenientes desde el punto de vista legal y pueden prestarse para el desarrollo de actividades ilícitas. 

Barreras institucionalesAlternativas agenciadas por la poblaciòn migrante irregular
Desconocimiento de los representantes o asesores de las entidades financieras del marco procedimental para poder acceder a los servicios financieros.






Figura de arrendamiento del documento de identidad colombiano* para el acceso de personas “sin papeles” a ciertos servicios como planes de telefonía móvil,  internet hogar y microcrèditos. 
*Colombianos arriendan el documento con montos variables según duración y monto del servicio adquirido a título de préstamo
Heterogeneidad o no uniformidad, en los documentos de identificación requeridos o válidos en las diferentes entidades públicas o privadas del país.
Ausencia o insuficiente formaciòn/capacitaciòn a funcionarios pùblicos sobre directivas nacionales como la Circular 068 de 2017 de la Superintendencia Financiera, entre otras, que regulan la materia. 
Ausencia/insuficiente procesos de seguimiento gestiòn de información y evaluaciòn a procesos, productos y servicios para poblacòn migrante. 
Actitudes de rechazo por parte de funcionarios de instituciones públicas y privadas frente a  migrantes provenientes de Venezuela 
Poca flexibilidad de estrategias, productos y servicios  para poblaciòn migrante.

Tabla 02. 

  1. Servicios y productos financieros

Tal como lo hemos indicado en nuestras anteriores entregas, la encuesta nos confirma un muy bajo acceso por parte de los migrantes al sector financiero, con solo 69 (15%) personas encuestadas con cuenta bancaria y un 78% sin ningún tipo de servicio financiero en Colombia (Ver gráfico 04). 

Gráfico 04. Acceso a productos y servicios financieros

Contrastamos esta información con aquella que nos fue compartida por parte de la Superintendencia financiera en el derecho de petición contestado en septiembre de 2020. En esta oportunidad al consultar por los productos y servicios adquiridos por la población venezolana en Colombia se nos informó que 27 entidades reportan haber ofrecido productos y servicios a esta población durante el tercer trimestre  de 2020. 

En total, se reportaron 10.366 personas beneficiarias de algún producto financiero, 2 de las 27 entidades reportadas completaron el 79,9% de los beneficiarios ( una con el 45,7% y la otra con el 34,2%).

En cuanto a la documentación, la Superintendencia reporta que el 45% de lo venezolanos eran portadores de una Cédula de Extranjería u otro de los documentos exigidos por la Circular Básica (CBJ). Esto equivale a 4.731 personas, mientras que 5.624 personas (el 54% restante) eran portadoras del PEP.  

Una sola entidad otorgó productos al 53% de los venezolanos portadores del PEP, otra entidad entregó al 32%. Esta información nos permite intuir que los productos fueron entregados en el marco de los programas que tuvimos la oportunidad de identificar en nuestra anterior entrega, los cuales han sido respaldados o impulsados por organismos de cooperación internacional. 

10 de las entidades reportadas no le otorgaron productos a ningún venezolano/a portador/a del PEP y 3 entidades reportaron entregarle productos a una sola persona. 

En cuanto a la ubicación de las entidades financieras que otorgaron los productos y servicios, si bien la información no es exhaustiva si se reporta una gran incidencia de las principales ciudades del país tales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta. Llama la atención la presencia de servicios en municipios medianos y pequeños como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Madrid, Calarcá, Girón, la Ceja, Saravena, Tuluá, Villa Nueva, Pamplona, Marinilla,  Chiriguaná, Duitama, Espinal, Purificación, Málaga por  citar solo algunos.     

En definitiva, si bien no se puede negar la existencia de unas iniciativas de inclusión financiera de la población migrante venezolana, las cuales parecen además tener un alcance en varias ciudades y municipios del país, estas iniciativas  se concentran en su mayoría en unas pocas entidades y están lejos de tener un alcance masivo. 

Volviendo a la encuesta, al indagar sobre las barreras para acceder a servicios financieros, la mayoría refiere la falta de documentos, la falta de empleo y el origen nacional, confirmando en este sentido nuestros hallazgos frente a las dificultades tanto del PEP como de aquellos migrantes en situación irregular, para poder acceder a servicios financieros. 

Ahondando en estas barreras, como se expuso en la tabla 2, durante el grupo Focal se evidenciaron relatos sobre comportamientos hostiles de parte de funcionarios del sector bancario frente a la solicitud de servicios financieros por parte de la población migrante. Adicionalmente, no se logró referenciar ningún tipo de enfoque diferencial para atender los requerimientos de la población migrante en condición de discapacidad o ningún tipo de servicio que les estuviera particularmente dirigido. Especialmente se echaron de menos iniciativas para atender a las mujeres migrantes quienes en gran número demandan servicios particulares.  

A pesar de estas dificultades, los migrantes reportan estar interesados en adquirir servicios financieros y considerar como factores claves para escogerlos la rapidez para disponer del dinero (221 casos) y las facilidades para cualquier uso (200 personas).  En este orden de ideas, el 57,8% de los encuestados preferirían acceder a créditos de libre inversión; mientras que el 36,1% desearían abrir una cuenta bancaria. 

En cuanto al uso que le darían al dinero. Si tuviera la oportunidad de adquirir un préstamo a mediano o largo plazo en Colombia el dinero lo usaría en un  63,4% en emprendimiento o en una empresa en Colombia, mientras que el 32.6% manifiesta querer invertirlo en  vivienda en Colombia  y 149  (33,5%) en alimentación.  

Las tendencias en esta última  respuesta nos muestran el perfil migratorio diverso de los venezolanos en Colombia, donde se encuentran  por un lado, algunos venezolanos en periodo de estabilización, probablemente sin trabajo o con una condición laboral precaria y contemplan la posibilidad de obtener recursos para satisfacer las necesidades más básicas (como a alimentación) (33,5%), salud propia o familiar (17,5%) o incluso vestuario (4,3%). Por otro lado, otros venezolanos que piensan en clave de emprendimiento en Colombia, encontrándose en un momento diferente dentro de su proyecto migratorio. 

Ahora bien, todos los perfiles migratorios requieren de una respuesta frente a las necesidades que directa o indirectamente subyacen a este cuestionamiento.  Llama la atención lo básicas de las necesidades que algunos migrantes desean cubrir por medio de créditos, mostrando como especialmente en tiempos como los que vivimos en la actualidad, la precariedad golpea con especial fuerza a la población migrante. Por otro lado,  aquellos que muestran su interés en usar los recursos para emprender o invertir en empresas en Colombia, probablemente se encuentren ya desarrollando proyectos productivos o ideando los mismos dentro de una dinámica que, como lo hemos visto en la primera entrega, tiene todo el potencial de convertirse en un factor de desarrollo al favorecer su acceso pleno a derechos y garantías. 

Entre las personas que manifestaron su voluntad de emprender en Colombia, el 27,4% de los encuestados se encuentran en situación administrativa irregular, mientras que 129 tienen el PEP (de los 181 portadores del PEP encuestados).  Podemos identificar entonces: 

Que existe una gran voluntad de la población encuestada por emprender bien sea para crear nuevos emprendimientos o para invertir en empresa existente, así como para adquirir vivienda en Colombia. Sin embargo existe: 

Un grupo de personas con PEP quienes desean poder contar con fondos para emprender y no pueden hacerlo frente a las barreras de acceso al sistema, incluso  para los portadores del PEP. 

Un grupo de personas sin ningún documento que se encuentra en las mismas condiciones  pero sin ninguna perspectiva de poder acceder al Sistema Financiero. 

Un grupo reducido de migrantes con otro tipo de permiso (Visa) quienes pueden acceder al sistema financiero. 

Para terminar, en cuanto al alcance de los programas que identificamos y de los que hablamos en la primera entrega, ninguno de los encuestados manifestó haber sido beneficiario de alguno de estos. Una persona refirió haber participado de una ayuda a emprendedores por parte del Minuto de Dios y otro haber sido encuestado para su inclusión en el SISBEN pero no haber recibido el ingreso solidario. 

  1. Remesas 

En esta encuesta realizada por Diásporas, se analizó de igual manera el envío y la recepción de remesas, entendidas como una transferencia internacional de dinero, es decir, la transferencia de valores de un país a otro, con el fin de determinar la importancia de este fenómeno en Colombia y, los Estados de origen de los migrantes y refugiados que residen en el país.

En cuanto al envío de remesas, los gráficos 05 y 06, nos muestran que la mayoría de los encuestados respondió que antes de la pandemia solían enviarlas a sus países de origen con una frecuencia esporádica o mensual.

Gráficos 05 y 06. Envío de remesas y frecuencia antes de la pandemia. Diásporas, noviembre 2020.

De los extranjeros encuestados que viven en el territorio nacional y envían remesas a sus países de origen, más de la mitad lo hacen por medio de giros en efectivo y casi una cuarta parte a través de amigos o familiares, mientras que en una menor medida vía internet por algún sistema de pagos, o acudiendo a otros medios tales como empresas de transporte, aplicaciones móviles o casas de cambio (formales e informales), tal como consta en siguiente gráfico.

Gráfico 07. Método utilizado en el envío de remesas. Diásporas, noviembre 2020.

Por otro lado, respecto a la recepción de remesas por parte de la población migrante y refugiada en Colombia, afirmaron casi en su totalidad que no recibía remesas de su país de origen, y sólo un ínfimo porcentaje manifestó recibirlas que, en su mayoría corresponden a un ingreso ocasional y no mensual o más frecuente (Ver gráficos 08 y 09).

Gráficos 08 y 09. Recepción de remesas y frecuencia antes de la pandemia. Diásporas, noviembre 2020.

De los extranjeros encuestados que viven en el territorio nacional y reciben remesas de sus países de origen, la mitad las obtienen por medio de amigos o familiares, un cuarto en casas de cambio y el cuarto restante en igual medida entre giros en efectivo y algún sistema de pagos por internet, tal como consta en el siguiente gráfico.

Gráfico 10. Método utilizado en la recepción de remesas. Diásporas, noviembre 2020.

Las remesas constituyen un elemento clave para los migrantes, una forma de mantener los vínculos con la familia en origen, una de las razones principales que motiva la migración en primer lugar. Los migrantes desarrollan todo tipo de estrategias para facilitar el envío de estos montos, buscando canales que les permitan disminuir los costos de estas transacciones y  sorteando las restricciones que puedan existir para el envío. La adecuada inclusión financiera de los migrantes sin duda facilitaria el envío de fondos por parte de la población migrante.     

A manera de conclusiones 

La inclusión financiera de los migrantes resulta una tarea pendiente para su plena integración en la comunidad de destino, para el desarrollo de su pontencial productivo y la satisfacción de sus necesidades. Teniendo en cuenta que más del 60% de los encuestados manifiesta su interés en adquirir productos y servicios financieros resaltamos la necesidad de adecuar los productos financieros existentes para facilitar la inclusión de la población venezolana, con enfoques diferenciales  y buscando responder a sus necesidades y expectativas.

En tiempos de recesión económica como los que se afrontan como consecuencia de la pandemia del COVID 19, la inclusión financiera de la población migrante podría servir de factor para superar la precarización de sus condiciones de vida, pero tambien como parte de la estregia de reactivación de la economía que serviría de factor de  impulso al emprendimiento, el consumo y la generación de empleo, tan necesarios en la post pandemia.  

Los migrantes son consumidores de servicios como el de telefonía móvil. Sus hábitos de consumo en estos sectores podrían ser capitalizados para ayudar a medir sus tendencias financieras y su capacidad de pago incluso tratándose de servicios prepago. 

El éxito en los procesos de emprendimiento depende necesariamente de la disposición de recursos la cual en gran medida se asegura por medio de servicios financieros. Para poder aprovechar el potencial positivo de la migración venezolana en Colombia existe una necesidad de repensar el acceso al sector financiero por parte de la población migrante, eliminando las barreras de identificación existente. 

De la misma manera, aprovechar el potencial de la población migrante en Colombia requiere de la búsqueda de canales para su integración efectiva y su regularización que les permitan participar en todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sector financiero. 

Asimismo, se hace evidente que si bien es muy común que la población extranjera en Colombia envíe dinero a sus países de origen (que en su mayoría corresponde a Venezuela), bien sea mensualmente o con un menor grado de frecuencia, es escasa la recepción de remesas hacia ellos y la constancia con la que las reciben es más esporádica. La pandemia ha tenido sin duda un impacto en el envío de remesas de los migrantes, por lo que se pueden esperar cambios en las estrategias y canales de envío.  

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